La Guerra de los Celulares revela la continuidad de las mafias en el Este

Cerca de 2 millones de teléfonos celulares ingresan en forma mensual de China a CDE. Importadores sostienen que una “mafia extorsiva” les pide “peaje” de 1 dólar por pieza. Se habla de piratería, subfacturación y corrupción de funcionarios.


Por Andrés Colmán Gutiérrez
CIUDAD DEL ESTE

El conflicto instalado mediáticamente como “La Guerra de los Celulares” se inicia el martes 26 enero, cuando unas 125.000 unidades de aparatos de telefonía celular multifunción, denominadas MP7, traídas desde China por varias empresas registradas como importadoras, quedan demoradas en la Aduana del Aeropuerto Guaraní, en Minga Guazú, al advertir los propietarios que miembros de la Fiscalía de Ciudad del Este aguardaban a la salida, con la presunta intención de detener los cargamentos.
“Por esta razón, no salieron los camiones ese día…”, aseguran los importadores, en un informe escrito entregado a ÚH. Relatan que el 21 de enero habían recibido llamadas telefónicas de personas a las que identifican como miembros de “una mafia extorsiva”, integrada supuestamente por un grupo de abogados, con presunto respaldo de autoridades fiscales y directores de medios periodísticos de la región, y que exigían el pago de 1 dólar por cada teléfono celular despachado.
“Nos informaba que teníamos que pagar los un dólar por unidad despachada, o de lo contrario habría persecución (publicaciones en la prensa, incautaciones, etc.)”, destacan.
Desde ese momento se desató una intensa guerra mediática a través de medios periodísticos regionales y nacionales, con graves acusaciones y amenazas, sacando a luz los poderosos intereses y las millonarias sumas de dinero que se mueven en el comercio fronterizo de Ciudad del Este, especialmente tras la importación de productos procedentes del mercado chino, y la preocupante continuidad de prácticas mafiosas de corrupción.

UN GRAN NEGOCIO. Aunque la importación de productos provenientes del mercado asiático -especialmente electrónicos, informáticos, prendas de vestir y juguetes-, han sido siempre la base del comercio fronterizo de Ciudad del Este, desde hace un tiempo ocupa un sitial privilegiado el de los celulares multifunción MP7 ( y sus modelos variantes), preferido por los compradores “sacoleiros” brasileños, por sus particulares características, como el doble chip (dos líneas en un solo teléfono) y tener receptor de TV digital, además de bluetooth, radio FM, internet, etc.
Pero el principal atractivo de estos productos es el precio: mientras un celular 3G “de buena marca” se vende a precios promedios de 400 a 500 dólares en las galerías de CDE, los MP7 se consiguen fácilmente desde 60 a 100 dólares, y varios de ellos con modelos “clonados” que imitan al de las marcas famosas.
Mensualmente ingresan al país más de 2 millones de teléfonos celulares procedentes de China, lo cual da una idea del gran volumen de dinero que se mueve por detrás. El principal destino de los mismos es el Brasil.
Los importadores defienden que los cargamentos ingresan en forma totalmente legal, por la ruta Hong Kong-Buenos Aires-Ciudad del Este. Sus detractores sostienen que son productos con software pirata, falsificaciones o copias de modelos de marcas internacionales, y que ingresan con sub-facturaciones o clasificadas como otros productos e menor valor en la aduana.

CHOQUE DE INTERESES. Un conflicto que se manejaba casi siempre bajo cuerdas, saltó a la luz con la retención de los 125.000 celulares en el Aropuerto Guaraní.
“Gente muy conocida, evidentemente mal intencionada y con ganas de lucrar con el sacrificio de aquellos que ven trabajar y recoger el fruto de su trabajo, se han comunicado con nosotros diciéndonos que ellos querían cobrar la suma de 1 dólar americano por cada pieza de teléfono que sea importado en Paraguay”, relatan los importadores, en el relatorio entregado a ÚH.
“Alegaban ellos que, de no ceder nosotros a sus pretensiones, harían que comencemos a ser perseguidos, y que para ello contaban con el respaldo del señor Rubén Candia Amarilla, Fiscal General del Estado, sus fiscales destacados en la frontera, y de miembros de la prensa que se encargarían de difundir las ‘noticias’ al respecto. Por su parte la fiscalía allanaría depósitos e interceptarían las cargas aunque sean despachadas al cien por ciento, y que incautarían los bienes y los depositarían en almacenes del Ministerio Publico, para contar con evidencia suficiente” agregan.
Los importadores denunciaron la vigencia de este presunto esquema extorsivo ante los jueces de Garantía del Alto Paraná y obtuvieron que los ministros de la Corte Suprema, Sindulfo Blanco y Víctor Nuñez, dispongan que, en lo sucesivo, los jueces acompañen a los fiscales para controlarlos. Aunque en el relatorio entregado a ÚH los importadores describen con nombres y apellidos a varios de los abogados, fiscales y periodistas metidos en el presunto “esquema extorsivo”, hasta ahora no han querido asumir en forma pública la identidad de a quienes acusan. El abogado del grupo de empresarios, el ex fiscal general Oscar Germán Latorre, anunció que muy pronto van a dar nombres e iniciar acciones judiciales en contra de ellos.

PAGARON 125 MIL. Con las cargas de celulares demoradas desde el 26 de enero en el depósito de la Aduana del Aeropuerto Guaraní, y ante el presunto acoso de los fiscales para realizar incautaciones, los importadores relatan que el día 28 de enero, sugestivamente, el diario Vanguardia de Ciudad del Este inicia una publicación “acerca de la existencia de un esquema de importación de productos piratas”.
“¿Habían ellos cumplido con lo que harían (perseguir con publicaciones periodísticas)? ¿Tienen realmente el respaldo de aquellos que nombran?”, se preguntan.
Relatan que el mismo día 28, uno de los dueños de las cargas, Ricardo Galeano (de la empresa JG SA) viaja a Asunción, para entrevistarse con el fiscal general, Rubén Candia Amarilla, para discutir el tema, pero no es recibido por el titular del Ministerio Público.
“Temerosos los importadores de que se les incauten los bienes ‘para investigación y el proceso penal correspondiente’, deciden ceder a la extorsión y se les entrega, según ellos indicaron, la suma de 125.000 dólares americanos, correspondiente a 125.000 unidades. Reina la calma…”, dice el relato escrito.
“Coincidentemente, los miembros del Ministerio Público desaparecen, no hay más publicaciones al respecto. Podemos seguir trabajando tranquilos…”, aclaran.
Hasta que el 4 de febrero, otro cargamento de 79.800 unidades de teléfonos vuelve a tener problemas en el Aeropuerto Guaraní. El producto debía tributar 1 mil millón de guaraníes, y los presuntos extorsionadores exigen el pago de 79.800 dólares. Esta vez los importadores se niegan el pago, y se reinician las publicaciones en los diarios locales.